Yo he aprendido que, en política, la gente no te evalúa por lo que prometes, sino por cómo respondes cuando el país se complica. Y hoy el Perú está en uno de esos momentos en los que todo se mezcla, un gobierno en tensión, una inseguridad que no da tregua, un Estado que muchas veces funciona a medias y un proceso electoral 2026 que, si no se prepara bien, puede terminar cuestionado por su propia complejidad.
Lo que dije en el programa «Exitosa Noticias» parte de una idea central, gobernabilidad no es blindaje, seguridad no es discurso, anticorrupción no es una frase bonita y elecciones limpias no dependen solo de “votar”, sino de que el sistema sea capaz de procesar resultados sin abrir espacio a dudas. Lo sostengo como candidato al Senado por Lima, número 1 por Somos Perú, y también como alguien que conoce cómo se mueve el Estado por dentro.
Jerí y gobernabilidad
Sobre el presidente José Enrique Jerí, yo fui claro, Jerí es secretario general del partido con licencia, pero no llegó a la presidencia por la aplicación del plan de gobierno de Somos Perú, sino por una decisión del Congreso. Esa precisión importa, porque hay quienes quieren simplificar todo como si se tratara de “un gobierno del partido” en bloque, y la realidad es distinta. Cuando uno entiende el origen político de una gestión, también entiende por qué hay decisiones que no necesariamente representan la ruta que un partido plantea.
También dije algo que sostengo, Somos Perú ha tenido apertura para dar gobernabilidad, y lo hemos hecho incluso en gestiones anteriores como las de Dina Boluarte y Pedro Castillo. Ahora, gobernabilidad no es callarse. Gobernabilidad es evitar que el país se frene. Por eso puse sobre la mesa que ofrecimos nuestros cuadros técnicos, pero Jerí solo tomó a un integrante del partido para el Ministerio de la Mujer, mientras que carteras estratégicas como Salud fueron a APP y Energía y Minas a Acción Popular. Y sobre la vacancia, mi posición es institucional: si el Congreso decide políticamente un proceso, se respalda siempre que se respete el derecho a la defensa, aunque también advertí que, según lo señalado, un 62% prefiere no cambiar de presidente ahora para no paralizar otra vez el aparato estatal a meses de las elecciones.
Seguridad y Forsyth
En seguridad ciudadana, yo marqué una diferencia de perfiles porque el país ya está cansado de diagnósticos repetidos. Jerí tiene un perfil técnico y es abogado, mientras que George Forsyth es administrador, gestor municipal y oficial de reserva del Ejército, con experiencia directa en el manejo del orden y la seguridad desde un gobierno local. No lo digo como etiqueta, lo digo porque la seguridad exige conducción, decisión y capacidad de sostener medidas difíciles cuando aparecen amenazas y presión.
Por eso recordé un hecho que retrata la realidad de la lucha contra mafias: Forsyth usaba chaleco antibalas como alcalde de La Victoria no por “frío”, sino por amenazas reales al intentar poner orden en Gamarra y el mercado de frutas. Esa experiencia, con todo lo dura que es, ayuda a entender qué significa enfrentar el crimen sin romantizarlo. Y también fui frontal con el Congreso: expresé mi desacuerdo con las llamadas leyes “procrimen” y dije que el partido ha pedido explicaciones a sus propios congresistas que votaron a favor, porque si hablamos de seguridad en serio, no podemos permitirnos incoherencias.
Anticorrupción e Estado eficiente
Cuando hablo de corrupción, yo prefiero hablar de mecanismos concretos, no de slogans. Por eso defendí la propuesta de usar inteligencia artificial como herramienta para seleccionar proveedores del Estado de forma transparente, reduciendo la selección “a dedo” y el tráfico de influencias. La lógica es simple: si el sistema se apoya en reglas claras y trazables, se achican los espacios donde hoy se cuelan llamadas, presiones y arreglos que la ciudadanía ya huele antes de que aparezcan las denuncias.
En la misma línea, cuestioné los contratos Gobierno a Gobierno, especialmente cuando se usan como salida automática, por ejemplo en proyectos como la Carretera Central. Mi crítica no es capricho: cuando el gobernante terceriza su obligación de gestionar, se pierde capacidad de control, se debilita la trazabilidad del gasto y se complica el rol de la Contraloría. Si queremos un Estado eficiente, tenemos que fortalecer la responsabilidad y la supervisión desde adentro, no acostumbrarnos a delegar lo esencial y luego sorprendernos cuando la gente siente que nadie responde por nada.
Elecciones 2026
Mi mayor preocupación, y lo dije sin exagerar, es el riesgo que trae la jornada del 12 de abril. Ese día habrá cinco elecciones simultáneas y hasta siete votos preferenciales en una sola cédula tipo “papelógrafo”. Esto, en la práctica, no es un detalle técnico: es un desafío ciudadano y logístico gigantesco. Si la cédula es compleja y el votante no llega preparado, el tiempo por persona crece, las colas crecen, el estrés crece y el margen de error también.
Hice un cálculo para que se entienda el tamaño del problema: si cada votante tarda hasta 3 minutos, podríamos terminar en jornadas de 15 horas de votación, y luego un escrutinio igual de desgastante. Eso agota a los miembros de mesa, presiona a los personeros y, si los resultados se retrasan, abre la puerta a dudas sobre la legitimidad. Por eso exigí a la ONPE dos acciones urgentes: garantizar seguridad para personeros y miembros de mesa, y lanzar de inmediato una campaña educativa intensiva para que la población aprenda a votar con rapidez. En una elección tan compleja, la pedagogía no es un extra, es parte de la transparencia.